"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Reportaje
¿Qué les espera a las personas con discapacidad en 2020?
Cuatro expertos nos cuentan las prioridades para la nueva década
18/02/2013
Mario García
¿Cómo debe afrontar el sector de la discapacidad la crisis actual? ¿Cuáles deben ser las bases sobre las que sustentarse para 2020? ¿Qué necesidades deben abordarse para las personas con discapacidad en la próxima década? ¿Dónde debe fijarse el próximo hito normativo, después de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Cuatro expertos arrojan luz sobre éstas y otras cuestiones en este reportaje.
El libro El sector de la discapacidad: realidad, necesidades y retos futuros. Análisis de la situación de la población con discapacidad y de las entidades del movimiento asociativo y aproximación a sus retos y necesidades en el horizonte de 2020, dirigido por el profesor Gregorio Rodríguez Cabrero, sienta las bases de estas inquietudes.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE y secretario general del CERMI, Alberto Durán, explica en el prólogo de este libro que la Fundación ONCE impulsó en 2008 la realización de un estudio al albur del estallido de la crisis financiera internacional, que marcó un punto de inflexión en el sector de la discapacidad y con el fin de afrontar los retos futuros.
Hasta entonces, cuenta Durán, el movimiento asociativo de las personas con discapacidad contaba con dos importantes logros históricos: la decisión de la ONCE de crear una Fundación en 1988, a la que ha venido destinando desde hace 25 años el 3% bruto de sus ingresos procedentes de su actividad de juego, lo que ha permitido inyectar al mundo de la discapacidad en España más de 1.000 millones de euros, “hecho singular en el mundo”; y la creación del CERMI, “artífice de la actuación unitaria y coordinada” del sector.
Además, menciona como importantes avances normativos la Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI); la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU); la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; la aprobación y ratificación por España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, y la aprobación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, a finales de 2010.
Sin embargo, el estallido de la crisis supuso un punto de inflexión después de dos décadas de creciente conciencia social de las personas con discapacidad. Las conquistas logradas parecían peligrar y la incertidumbre se instalaba en las puertas de las casas de este sector de población.
“Logro de la plena ciudadanía"
Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático del Departamento de Fundamentos de Economía e Historia Económica de la Universidad de Alcalá, destaca que la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 recoge las principales metas a seguir para la próxima década: “Un compromiso renovado para Europa sin barreras en el que se señalan los objetivos de accesibilidad, participación, igualdad, empleo, educación y formación, protección social y sanidad”. Lo mismo ocurre con la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020.
En cuanto a las organizaciones de la discapacidad, Rodríguez Cabrero subraya que la crisis actual añade “incertidumbres y amenazas al sector en términos de financiación”, así como “problemas en la naturaleza de la acción organizativa”, por lo que se necesitan “exigencias de reivindicación de derechos y movilización de las organizaciones en conjunción con el Tercer Sector de Acción Social”, así como “nuevas formas de colaboración con el Sector Público, más estables y con menores barreras en cuanto, por ejemplo, a las cláusulas sociales; hay que recordar que el gasto social en discapacidad es una inversión social que genera empleo y mejoras en el capital humano de las personas”.
“El sector debe acometer sin prisas, pero sin pausa, su redimensionamiento, así como crear nuevas formas de cooperación más eficientes. Las organizaciones pequeñas son necesarias y siempre surgirán como reacción ante nuevos riegos sociales y nuevas necesidades de las personas, pero la actual atomización es un obstáculo para una sostenibilidad”, añade.
Rodríguez Cabrero subraya que “es un lugar común afirmar que las crisis son una amenaza y una oportunidad, pero realmente es así”, de manera que aboga por “valorar los riesgos y ver el conjunto de probabilidades con las que cuenta el sector para avanzar en el logro de sus derechos”. “Hacer sostenible el sector organizativo internamente es una exigencia en la actualidad; fortalecer el conjunto del Tercer Sector, la amplia base de la economía social, es una segunda ruta necesaria, es decir, que el sector no lucrativo aproveche la oportunidad de la crisis para ofrecer servicios y generar empleo; finalmente, el sector público es el socio colaborador necesario para fortalecer el Estado de Bienestar y poder garantizar derechos sociales para todos los ciudadanos”, comenta.
De esta forma, añade que “el sector de la discapacidad no es un mundo aparte ni ha pretendido serlo, pero quizás la crisis actual sea una oportunidad para tejer nuevas formas de colaboración con las organizaciones civiles que luchan por los derechos humanos y por avanzar en derechos”.
En medio de todo, Rodríguez Cabrero apuesta por el cumplimiento de la normativa existente. “Entre 2000 y 2012 se han aprobado leyes y normas, muchas de ellas muy relevantes, que han creado las condiciones para una materialización de los derechos sociales, pero ello no significa que haya tenido lugar la efectiva materialización. Ésta depende de la extensión e intensidad de las políticas públicas, de la capacidad de las organizaciones de la discapacidad para promover su efectiva aplicación y de cambios en la mentalidad de la sociedad civil. Las normas son una plataforma de apoyo para avanzar en derechos, pero no necesariamente su logro”, concluye.
“Hacer más con menos”
Por su parte, Miguel Cabra de Luna, director de los Servicios Jurídicos del CERMI y de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE, menciona un reciente estudio encargado por el Consorcio Europeo de Fundaciones para los Derechos Humanos y Discapacidad del Centro Europeo de Fundaciones para comentar que “las 80 millones de personas con discapacidad europeas corren un serio riesgo de caer en la pobreza, en la exclusión social y en la discriminación como consecuencia de las medidas de austeridad adoptadas por los gobiernos europeos”.
Cabra de Luna recuerda que la tasa de empleo de las personas con discapacidad en 2011 fue del 36,6% (frente al 76,4% de las que no tienen discapacidad), y que el desempleo afectaba entonces ya al 58% de los jóvenes con discapacidad, y recalca que el abandono escolar afecta a más del 50% de la población con discapacidad de entre 18 y 24 años (frente al 31% de media española).
Las organizaciones de la discapacidad, según Cabra de Luna, deberán “hacer más con menos” impulsando “la eficiencia, transparencia y profesionalización del sector, así como la creatividad y la innovación social”, para lo cual será necesaria “una restructuración, potenciando las alianzas y el trabajo en red”; buscar “un nuevo paradigma de colaboración sostenible con la Administración Pública” e impulsar el mecenazgo, muy arraigado en otros países.
Al igual que Rodríguez Cabrero, Cabra de Luna aboga por “la aplicación efectiva de la normativa”. “La efectividad y el cumplimiento del derecho son el verdadero reto; el cumplimiento y aplicación efectivos de la Convención y el acceso real a la Justicia por las personas con discapacidad y sus familias. Para lograr la efectividad de estos derechos, la palanca esencial es la voluntad política”, argumenta.
No obstante, señala que en este año podrá ver la luz la Ley General de Discapacidad, que “marcará otro hito importante en el marco normativo” y que será el texto refundido de la LISMI, la LIONDAU, y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones.
Además, deja sobre la mesa tres nuevas normas: una nueva Ley de incentivos fiscales en materia de mecenazgo, una reforma del procedimiento de modificación de la capacidad de obrar (lo que supone cambiar el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil) y una Ley del Tercer Sector.
“Se quejan y deben seguir haciéndolo”
“¿Reconocemos que el modelo de prestación de apoyos y reivindicación está agotado? ¿Vislumbramos una propuesta más inclusiva de derechos atravesada por los contenidos de la Convención? ¿Estamos en condiciones de trabajar la multiexclusión desde organizaciones hiperespecializadas: pobreza, genero, mayores…? ¿Operaremos en coordinación con las otras organizaciones de acción social? ¿Alcanzaremos una posición relevante de la economía social como promotora del bien común? La conexión con la ciudadanía parece clave. En ese sentido la marcha ‘SOS Discapacidad’ y su repercusión nos brinda el poder mantener ese contacto vivo con las personas de nuestro entorno. Hay que aprovecharlo”, apunta.
Por último, Paulino Azúa, delegado de Estrategia y de Innovación Asociativas del CERMI, denuncia que “las personas con discapacidad no pueden esperar una política que enmascara, a veces, decisiones como si fueran un favor” y que “escuchan con demasiada frecuencia a algunos responsables públicos ‘no os quejéis porque os estamos tratando muy bien’. Naturalmente que se quejan y deben seguir haciéndolo porque en muchos aspectos siguen siendo ciudadanos de segunda.
“El desempleo en este colectivo es sustancialmente mayor que en el resto de la población, con ser éste alto; muchos bienes y servicios no son accesibles porque ‘cuestan mucho’, la educación inclusiva sigue siendo un espejismo sin medios suficientes en muchas comunidades autónomas, las mujeres con discapacidad están en situación de mayor desventaja que las que no tienen discapacidad, todavía subsisten muchas situaciones de injusticia. Por eso las quejas están justificadas”, agrega.
Azúa indica que “el sector de la discapacidad debe estar en situación de activismo permanente” y debe adoptar “una doble perspectiva: la de los derechos humanos y la de la inclusión”. “Con o sin crisis, la mejora de la calidad de vida tiene que ser un objetivo permanente. La crisis está poniendo de relieve las carencias del sistema y ofrece una realidad que si es dura para la población general, lo es más para quien tiene una discapacidad. En ese sentido, sí, debe ser un acicate”, comenta.
